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Fiscalidad energética en España: por qué gravar la electricidad frena la competitividad
Desde Iberdrola España contribuimos fiscalmente 4.675 millones de euros en España en 2025. Así, explicamos cómo funcionan las distintas cargas impositivas sobre la electricidad y lo que implican para la competitividad española.
Director de Regulación de Iberdrola España
¿Qué es la fiscalidad energética y qué tipos de impuestos gravan la electricidad en España?
La fiscalidad energética es el conjunto de impuestos, tasas y gravámenes que se aplican a la producción, la distribución y el consumo de energía. En España hay tributos de ámbito nacional y autonómico. En el primer caso, la electricidad tributa los impuestos comunes a cualquier sector de la economía:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en su tipo más alto (21%), aunque puede descender al 10%).
- Impuesto de Sociedades.
- Impuesto de Actividades Económicas.
Pero, además, la electricidad también es gravada con otras cargas específicas:
- Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía (IVPEE). Grava el 7% del valor de la producción.
- Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Añade otro 5,5% sobre la factura final del consumidor.
- Canon por la utilización de aguas continentales, superficiales y subterráneas, para la producción de energía.
Y hay más, como, por ejemplo, el impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radioactivos, además de muchísimos impuestos autonómicos.
Y no solo son impuestos. La factura eléctrica incorpora además muchos otros costes ajenos al suministro eléctrico, que responden a decisiones de política energética o social. Entre ellos, la retribución regulada a instalaciones renovables para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de España en 2020; el déficit histórico del sector eléctrico generado por la falta de actualización de los precios de la electricidad entre 2002 y 2013; el sobrecoste de generación en Canarias del que los Presupuestos Generales del Estado solamente asumen un 50%; y la financiación del bono social eléctrico, entre otros. Todo ello encarece artificialmente la electricidad.
Puntos clave sobre la fiscalidad energética en España
Vayamos al origen de esta distorsión. Históricamente, la diferente fiscalidad de las gasolinas, el gas y la electricidad respondió a diferentes usos: cada energía cumplía una función distinta en la económica y hogares:
- Electricidad, para la luz y el frío.
- Gas, para el calor.
- Gasolinas, para el movimiento.
Esa lógica ha quedado desfasada. Hoy, la tecnología nos permite hacer casi cualquier cosa con electricidad, permitiendo que esta energía nacional sea un sustituto del gas y gasolinas importadas tanto en procesos industriales como en consumos finales.
Sin embargo, la fiscalidad sigue igual que en el pasado, encareciendo artificialmente la electrificación y fomentando la dependencia energética del país. Según el barómetro mensual de los grandes industriales, el coste de la electricidad en España es un 40% más barata que en Alemania, pero esa ventaja competitiva se diluye en la factura final por el peso de los impuestos y los cargos.
España cuenta con recursos naturales, tejido industrial y capital dispuesto a invertir. Es una oportunidad extraordinaria que no nos podemos permitir desaprovechar.
Y no solo afecta a la gran industria. También pequeñas y medianas empresas se ven altamente afectadas. Dicho de otra manera: la presión fiscal sobre la electricidad redunda en un recibo final que daña la competitividad del país y nos impide aprovechar nuestra ventaja competitiva; nuestros recursos naturales.
Fiscalidad energética y saturación de redes eléctricas: las dos barreras que frenan la competitividad de España
La Comisión Europea ya ha señalado que la fiscalidad energética se ha convertido en una barrera para la competitividad del continente. El Ejecutivo comunitario, a través del Citizens Energy Package, recomienda reducir la fiscalidad eléctrica al mínimo imprescindible y eliminar los costes ajenos al suministro. La aplicación coordinada de estas medidas, junto con las propuestas del Clean Industrial Deal, permitiría reducir la factura eléctrica industrial aproximadamente un 30%.
La recaudación adicional del Estado por impuestos y cargos asociada a la electricidad supone 14.000 millones de euros al año. Para un país con una posición privilegiada en la transición energética, este sobrecoste se traduce en una pérdida directa de competitividad para el conjunto de la economía.
"La electricidad producida en España, sin embargo, paga seis veces más que la energía importada (gas). Es como si la fresa producida en Huelva pagase seis veces más impuestos que la fresa importada de Marruecos."
Patxi Calleja
Director de Regulación de Iberdrola España
Así, la electricidad producida en España paga seis veces más impuestos y cargos que la energía importada (gas). Es como si la fresa producida en Huelva pagase seis veces más impuestos que la fresa importada de Marruecos. Funciona como un arancel inverso: aplicamos más impuestos a lo que se fabrica en España que a lo que importamos, condenándonos a seguir importando y a seguir siendo vulnerables.
Esto es un error histórico que encarece nuestra ventaja competitiva y dificulta avanzar hacia una mayor autonomía energética, clave en el contexto internacional que vivimos. Si queremos depender menos de los países con recursos fósiles no tiene sentido penalizar fiscalmente la energía que puede ayudarnos a lograrlo. La electricidad es la energía que tenemos en España, lo que nos da seguridad y libertad frente a terceros.
De hecho, la electricidad es el tercer producto más gravado de España (un 37% de su precio final son impuestos), solo por detrás del tabaco (un 80%) y el alcohol (un 40%). Gravamos nuestros recursos naturales como si fuesen elementos dañinos con muchos más impuestos que las energías fósiles que tienen otros países y que importamos.
La posición de Iberdrola España en cuanto a la fiscalidad energética
La fiscalidad aplicada a la electricidad en España penaliza un recurso esencial y predominantemente nacional. Ajustar esta fiscalidad evitando tratamientos discriminatorios entre energías que son actualmente sustitutivas, constituye una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento, la inversión y la autonomía energética en las próximas décadas.
