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Fiscalidad energética en España: por qué gravar la electricidad frena la competitividad
Desde Iberdrola España contribuimos fiscalmente 4.675 millones de euros en España en 2025. Así, explicamos cómo funcionan las distintas cargas impositivas y lo que implican para la competitividad española.
Director de Regulación de Iberdrola España
¿Qué es la fiscalidad energética y qué tipos de impuestos gravan la electricidad en España?
La fiscalidad energética es el conjunto de impuestos, tasas y gravámenes que se aplican a la producción, la distribución y el consumo de energía. En España hay tributos de ámbito nacional y autonómico. En el primer caso, la electricidad tributa los impuestos comunes a cualquier sector de la economía:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en su tipo más alto (21%), aunque puede descender al 10%.
- Impuesto de Sociedades.
- Impuesto de Actividades Económicas.
Pero también contribuye a través de otras cargas específicas:
- Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía (IVPEE). Grava el 7% del valor de la producción.
- Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Aplica de forma reducida (0,5%) desde marzo de 2026 como medida de emergencia según el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.
- Canon por la utilización de aguas continentales, superficiales y subterráneas, para la producción de energía.
Hay más, como, por ejemplo, el impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radioactivos, además de todos los autonómicos, de corte sobre todo medioambiental.
Puntos clave sobre la fiscalidad energética
Vayamos un poco más allá. Históricamente, la fiscalidad de las gasolinas, el gas y la electricidad ha sido elementos de política distintos porque tenían cometidos diferentes:
- Electricidad, para la luz y el frío.
- Gas, para el calor.
- Gasolinas, para el movimiento.
La tecnología ahora nos permite hacer casi cualquier cosa con electricidad. Y, sin embargo, según el barómetro mensual de los grandes industriales, obtenemos una energía un 40% más barata, pero una factura final igual.
España dispone de recursos naturales, industria interesada y capital dispuesto a invertir, oportunidades todas ellas inmejorables que perderemos si no adaptamos el marco regulatorio idóneo para permitir mayor inversión en redes y revisamos la fiscalidad eléctrica para no penalizar la electrificación. La infraestructura no puede limitar el desarrollo industrial de España.
Es una cuestión transversal, porque las pequeñas y medianas empresas dependen igualmente de la luz para trabajar cada día. Un entorno fiscal más ligero mejora balances empresariales y contiene precios para los usuarios. Dicho de otra manera: la presión fiscal redunda en un recibo final que daña la competitividad del país.
"La electricidad producida en España, sin embargo, paga seis veces más que la energía importada (gas). Es como si la fresa producida en Huelva pagase seis veces más impuestos que la fresa importada de Marruecos."
Patxi Calleja
Director de Regulación de Iberdrola España
Fiscalidad energética y saturación de redes: las dos barreras que frenan la competitividad de España
La Comisión Europea ha señalado que la fiscalidad energética se ha convertido en una barrera para la competitividad. El Ejecutivo comunitario, a través del Citizens Energy Package, recomienda reducir la fiscalidad eléctrica al mínimo imprescindible y eliminar los costes ajenos al suministro. La aplicación coordinada de estas medidas, junto con las propuestas del Clean Industrial Deal, permitiría reducir la factura eléctrica industrial un 29%.
La recaudación asociada a la electricidad supone una pérdida de 14.000 millones de euros en España, un país cuya posición es privilegiada en la transición energética. La electricidad producida en España, sin embargo, paga seis veces más que la energía importada (gas). Es como si la fresa producida en Huelva pagase seis veces más impuestos que la fresa importada de Marruecos. Funciona como un arancel inverso: aplicamos más impuestos a lo que se fabrica en España que a lo que importamos.
Esto es un error histórico que encarece nuestra ventaja competitiva. De hecho, la electricidad es el tercer producto más gravado de España, solo por detrás del tabaco (un 80% de su precio final se destina a la carga fiscal) y el alcohol (un 40%), con un 37%. Si queremos reducir dependencias y emisiones, y aprovechar ventajas competitivas, no tiene sentido gravar la electricidad como si fuese un elemento dañino.
La saturación de la red eléctrica también resta competitividad. España tiene electricidad producida localmente, que es competitiva y que significa una oportunidad económica muy relevante. Pero la saturación de la red eléctrica supone un cuello de botella para que las industrias aprovechen esa oportunidad y consuma esa energía, por lo que las empresas no pueden invertir ni conectarse. Un ejemplo: la capacidad renovable en España se ha multiplicado por cuatro desde 2019; la red eléctrica, sin embargo, apenas ha crecido.
En 2024, solo se aceptó que se conectaran a la red eléctrica una de cada diez empresas que lo pidieron. Cada negativa supone perder un proyecto de inversión, perder empleos e impuestos y, por lo tanto, servicios y desarrollo. La normativa ha limitado durante años las inversiones en redes, aunque nos parece positiva la iniciativa aprobada en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se reduce el IVA en la factura de la luz. No obstante, esta norma nos sigue dejando igual que con respecto a la energía importada y es de carácter temporal: finaliza el 30 de junio de 2026.
La posición de Iberdrola España en cuanto a la fiscalidad energética
La fiscalidad aplicada a la electricidad en España penaliza un recurso esencial y predominantemente nacional. Ajustar esta fiscalidad a los estándares europeos y al potencial real del país constituye una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento, la inversión y la autonomía energética en las próximas décadas.
